Artículo publicado en la web de Radio Bío Bío

El Ministro de Hacienda del Gobierno chileno, Jorge Quiroz, ha sostenido una tesis que desafía cualquier lógica racional al afirmar que “a veces uno, con menos recursos hace más”. Para el sector sanitario y quienes, como trabajadores, vivimos el ajuste permanente de estos recursos en un sector fuertemente demandado como los hospitales públicos; esta afirmación no es solo un error técnico, sino una muestra de indolencia ante una realidad desafiada. La salud pública y su operatividad no pueden reducirse a una planilla o inventario a recortar sin que se desintegre el tejido social del 80% de la población nacional que se atiende en ella.

El recorrido de esta geografía del recorte ingresada a Contraloría como el decreto 333, revela un impacto devastador en puntos críticos de la red asistencial que contempla un recorte cercano a los US$ 449,1 millones de dólares del presupuesto del Ministerio de Salud. La mayor reducción impacta a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, a cargo de la red hospitalaria pública chilena, con una disminución de US$160,5 millones. 

Lo que se presenta como ajustes marginales son golpes estructurales a recintos que sostienen la salud de las zonas más pobladas y vulnerables de Chile. La eficiencia que el Ejecutivo propone se traduce en un inminente y brutal colapso de los servicios de urgencia que ya se encuentran trabajando al límite con listas de espera que se prolongan indefinidamente y pone en el horizonte inmediato una disminución drástica en la calidad de la atención. Es materialmente imposible que un hospital mantenga su productividad y cobertura si se le quitan los recursos esenciales para operar. Es imposible que con menos recursos se pueda hacer más. Cuando el presupuesto se encoge, la gestión se asfixia y quien termina pagando la cuenta es el usuario que no tiene otra opción que atenderse en el sistema público.

Este tijeretazo presupuestario señalado como un 2.5% no es inocuo y desde ya evidencia cómo directores de hospitales, amparados en una supuesta autonomía administrativa, han comenzado a tomar medidas arbitrarias que incluyen la reducción de horas y la ralentización forzada de las atenciones.

En el ya complejo tablero de la política pública chilena pocas veces hemos asistido a una desconexión tan profunda entre la retórica de la buena voluntad y la cruda realidad que plantea el proyecto del Ejecutivo. Mientras la Ministra de Salud, Dra. May Chomali, citó a los principales gremios de la salud pública para asegurarles en una reunión institucional que los ajustes presupuestarios no golpearían la atención de los usuarios, la oferta de hacer más con muchos menos recursos que emana desde el Ministerio de Hacienda y las acciones de precarización directa detectadas en los hospitales, cuentan una historia diferente y peligrosa.

Este gobierno fue elegido por una mayoría con la principal promesa de fortalecer la seguridad pública ante un auge desmedido de la criminalidad, pero no podemos ignorar la importancia de la seguridad sanitaria como pilar de la paz social. Como la organización de trabajadores de la salud pública más numerosa de nuestro país, hemos instruido a las federaciones en todo el territorio para establecer una vigilancia activa y elaborar la métrica objetiva que exija a cada director de hospital que responda con honestidad sobre su capacidad real de mantener las prestaciones sin afectar a los pacientes. En otras oportunidades hemos preguntado de manera retórica “¿Cuál es el valor de una vida?”. Hoy esa duda se vuelve urgente y concreta ante este plan de recortes inhumano y tecnocrático. 

Atentamente

Ricardo Ruiz Escalona
Presidente Nacional Confederación FENATS Unitaria