La Confederación FENATS Unitaria desarrolló sus planteamientos en torno a una necesaria propuesta del proyecto de ley sobre el Estatuto Administrativo para la Salud Pública. Esta instancia de trabajo que ha tenido lugar con su Directorio Nacional y compañeros de la FENATS Unitaria Metropolitana, ha permitido coordinar criterios técnicos y laborales para la defensa del sector sanitario estatal, de sus trabajadores y de los usuarios que se atienden en la red asistencial.

Desde la organización señalan que el pilar de la propuesta radica en establecer un régimen jurídico estatutario diferenciado, unitario y uniforme para todo el personal de la salud. La justificación técnica responde a que la satisfacción de las necesidades sanitarias exige una dinámica laboral distinta a la de otras reparticiones del Estado, dado que las exigencias operativas y asistenciales no resultan comparables a las de servicios administrativos generales.

Un aspecto central del análisis contempla la incorporación de un marco robusto de protección de los derechos fundamentales de los funcionarios. En consonancia con los principios recogidos por la Ley Karin, el gremio plantea que la normativa debe conciliar la autoridad de las jefaturas con el respeto irrestricto a la dignidad del trabajador, impidiendo cualquier tipo de trato vejatorio en los entornos laborales.

En materia de estabilidad y carrera funcionaria, los planteamientos apuntan a terminar con la precarización del empleo público mediante la aplicación efectiva de la proporción legal que exige un 80% de personal en calidad de planta y un 20% a contrata. La propuesta contempla erradicar los contratos a honorarios a suma alzada y frenar la modalidad de compra de servicios por privar de derechos al personal. Asimismo, se solicita establecer descripciones y perfiles de cargo definidos para fijar responsabilidades claras y evitar arbitrariedades.

El desarrollo profesional del sector se aborda mediante la exigencia de planes anuales de capacitación que sean realistas y cuenten con financiamiento asegurado. Estos programas deben responder a las necesidades concretas de cada centro de salud tras un diagnóstico objetivo, con el fin de fortalecer la calidad en la prestación de los servicios sanitarios.

Respecto de la evaluación de desempeño, la organización precisa que los sistemas de medición deben basarse en criterios imparciales y objetivos centrados en las aptitudes técnicas para el cargo. La postura sindical rechaza el uso de evaluaciones con fines de recorte presupuestario o despoblamiento de personal, enfatizando que las finanzas públicas no deben equipararse a costa del sistema de salud.

Por último, en el ámbito de la responsabilidad administrativa y el debido proceso, la propuesta establece que las sanciones deben responder únicamente a incumplimientos acreditados de deberes funcionales previamente delimitados. Para garantizar la transparencia en los procedimientos disciplinarios, se plantea que las investigaciones estén a cargo de fiscales independientes y que las instancias de apelación correspondan a órganos colegiados ajenos al servicio respectivo.

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