Columna publicada en Radio Biobio

Lo que inicialmente se presentó como un ajuste administrativo estándar ha revelado su verdadera magnitud a través de un instructivo del Ministerio de Hacienda que propone una reducción presupuestaria superior a los 300 mil millones de pesos. Esta cifra constituye una merma real en la capacidad operativa de la red asistencial de la Salud Pública, afectando directamente el suministro de insumos médicos, el cumplimiento en el pago de remuneraciones del personal sanitario y, de manera crítica, la continuidad de tratamientos que sostienen la vida de millones de chilenos.

Ante este panorama y la filtración de documentos desde la Dirección de Presupuestos (DIPRES) creemos que la incertidumbre resultante de lo que sería la descontinuación de 23 programas fundamentales de asistencia a usuarios de la Salud Pública es un desatino político que vulnera la gestión de las autoridades del sector salud y pone en duda el compromiso del Estado con la protección de los ciudadanos más vulnerables.

El centro de la controversia radica en el desmantelamiento de programas que son pilares de la Atención Primaria de Salud. Entre las áreas más sensibles se encuentra la salud mental, donde la solicitud de cerrar el Programa Nacional de Prevención del Suicidio ocurre paradójicamente en un momento en que la sociedad chilena presenta una demanda histórica de contención psicológica. Una problemática con alcances de pandemia al que también se suman áreas estratégicas como la atención de personas mayores y pacientes sociosanitarios. Con una población que ya supera el 15% de adultos mayores, la eliminación de programas de autovalencia y camas sociosanitarias deja a miles de familias a la deriva, agravando el colapso de los hospitales de alta complejidad que hoy deben absorber estas necesidades sin la red de apoyo correspondiente.

La preocupación gremial también se extiende a programas donde Chile ha logrado reconocimiento internacional, como las Campañas de Invierno y el Programa Nacional de Inmunizaciones. El éxito de haber mantenido en cero la mortalidad infantil por virus respiratorios en los últimos años es el resultado de una inversión sostenida que hoy se pretende cercenar. Asimismo, la posible reducción en los fondos para la prevención del VIH-SIDA y el Fondo de Farmacia traslada el costo de la salud directamente al bolsillo de los usuarios, contradiciendo la promesa gubernamental de mejorar la calidad de vida y fortalecer lo público.

Desde el Ejecutivo, la justificación de estos recortes se ampara en evaluaciones técnicas de la DIPRES que califican de “bajo” el desempeño de estos programas. No obstante, los trabajadores de la salud sostienen que una mala evaluación técnica es frecuentemente el síntoma de una falta de infraestructura y personal, y no un argumento válido para la eliminación del servicio. Como representantes del mayor gremio de funcionarios de la Salud Pública enfatizamos que mejorar la salud pública no consiste en quitar recursos bajo una lógica de eficiencia financiera, sino en optimizarlos para asegurar que el sistema no se degrade.

La solución a este conflicto no se encuentra en el ajuste unilateral, sino en la construcción de una nueva gobernanza. El llamado es a la reflexión y a la instalación inmediata de una mesa de trabajo transversal que incluya a las autoridades del Ministerio de Salud y a los representantes de los trabajadores. Dada la experticia técnica de las actuales autoridades ministeriales en la red asistencial, el gremio propone una alianza estratégica que combine ese conocimiento con la experiencia de quienes operan el sistema diariamente. Solo a través de un Acuerdo Nacional que priorice el impacto social por sobre las planillas de cálculo, se podrá garantizar que la salud pública chilena avance hacia el desarrollo y no hacia una precarización irreversible.

Cordialmente

Ricardo Ruiz Escalona
Presidente Nacional Confederación FENATS Unitaria