La Mesa del Sector Público (MSP), coordinada por la Central Unitaria de Trabajadores e integrada por 16 organizaciones estatales -entre ellas la Confederación FENATS Unitaria– entregó el Pliego de Negociación 2025 al Ministerio de Hacienda, iniciando así el proceso anual que definirá las condiciones laborales y salariales para más de 900 mil funcionarios del Estado. La negociación es considerada trascendental, dado que corresponde al último proceso formal que la Mesa sostendrá con la actual administración del Presidente Gabriel Boric.

La demanda económica central del documento es un reajuste real del 2% aplicable para el periodo comprendido entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026. Esta alza es exigida para la totalidad del sector público sin exclusión. El pliego también busca establecer nuevos ingresos mínimos por estamento. La propuesta fija una base de $591.483 para auxiliares, $658.265 para administrativos y $700.241 para técnicos, cifras que buscan dignificar los salarios de entrada al servicio público. Además, se solicita un bono mensual de $63.502 para aquellos trabajadores con remuneraciones brutas inferiores a $798.015.

Junto a las exigencias monetarias, el documento enfatiza la urgencia de avanzar en materias laborales que han sido históricamente postergadas. Las organizaciones solicitan la derogación de la causal de vacancia por salud incompatible, la cual permite la desvinculación de funcionarios por motivos médicos. Este punto es particularmente sensible para sectores de alta exposición, como el de la salud pública.

Otras demandas centrales incluyen el fortalecimiento de la estabilidad laboral a través de la titularidad, el cumplimiento de acuerdos pendientes en salud mental, cuidado infantil y seguridad funcionaria. Asimismo, se exige la eliminación de los criterios de exclusión que actualmente limitan la cobertura universal de aguinaldos y bonos (vacaciones, escolaridad, término de negociación). Finalmente, la Mesa insistió en la necesidad de establecer una propuesta concreta para la aplicación de la reducción de jornada a 40 horas en la administración pública. El Gobierno se comprometió a entregar una respuesta formal al petitorio el 4 de diciembre.

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