Representantes de las organizaciones sindicales del sector público se reunieron en la CUT para advertir una “profunda preocupación” ante las recientes propuestas de ajuste fiscal emanadas desde el comité asesor del Gobierno. Las medidas, que buscan ordenar las finanzas del Estado, incluyen un severo congelamiento salarial y recortes directos al gasto social, con un impacto
Representantes de las organizaciones sindicales del sector público se reunieron en la CUT para advertir una “profunda preocupación” ante las recientes propuestas de ajuste fiscal emanadas desde el comité asesor del Gobierno. Las medidas, que buscan ordenar las finanzas del Estado, incluyen un severo congelamiento salarial y recortes directos al gasto social, con un impacto que los trabajadores pronostican como catastrófico para servicios esenciales como salud y educación.
La medida más controversial es la recomendación de aplicar un reajuste cero a las remuneraciones del sector público para el año 2025. Este congelamiento salarial, propuesto por un grupo de cinco asesores designados por el Ejecutivo, implicaría una pérdida directa de poder adquisitivo para los funcionarios, ya que la ausencia de un ajuste no compensaría el costo de la vida ni la inflación proyectada. Además del impacto directo en el bolsillo de los trabajadores, se han planteado recortes de dotación en Educación y nuevos criterios de productividad en Salud, exigiendo a los hospitales elaborar presupuestos bajo la premisa de “dar de alta a los enfermos hospitalizados antes” para reducir gastos.
La principal alerta se sitúa en el área de la salud, un sector que, según los sindicatos, ya opera con presupuestos exiguos tras rondas previas de ajuste. El sector lamenta que este ajuste económico pase por alto las necesidades reales tanto de los trabajadores como de la población a la que sirven. Ante este panorama, el Presidente de la Confederación FENATS Unitaria, Ricardo Ruiz, realizó un llamado categórico al Gobierno para reconsiderar las propuestas, exigiendo que, al menos en Salud, se detengan los recortes presupuestarios. Enfatizando que los problemas estructurales del sistema, como la escasez de fármacos y las largas listas de espera, no son responsabilidad de los funcionarios. Si bien reconocen que herramientas como la hospitalización en casa pueden ser útiles para descomprimir la red, estas no deben implementarse a costa de la calidad de la atención ni sobrecargar el esfuerzo del personal.
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