El proyecto de Ley de Reajuste para el Sector Público ha iniciado formalmente su segundo trámite legislativo en el Senado. Este paso ocurre tras jornadas de intensas disputas en la Comisión de Hacienda y la Cámara de Diputados donde hemos intentado tener la más fiel representación de nuestro gremio. Hemos sido testigos de cómo la discusión manifiesta una profunda división política que ha dificultado y ralentizado el avance de nuestras demandas fundamentales.

Como representantes de los trabajadores vemos tristemente cómo el aparato legislativo opera muchas veces como una estructura aislada de la realidad social. Desde el Parlamento se ha dificultado el ingreso de las partes trabajadoras interesadas actuando como una verdadera torre de marfil de difícil acceso para quienes sostienen el sistema público de salud día a día. En tanto, el proceso actual se encuentra en un punto crítico. Si bien se ha logrado consolidar el avance del reajuste económico general, el derecho a la estabilidad laboral bajo la figura de la confianza legítima no fue ratificado en la instancia de la Cámara de Diputados. Esta omisión representa un riesgo directo para la seguridad laboral de miles de compañeros y compañeras. Sin embargo, existe el compromiso y la posibilidad real de que el Gobierno reponga esta norma durante el debate en el Senado, lo cual será el foco principal de nuestra presión gremial en las próximas horas.

Debemos alertar a nuestras bases sobre las posturas sostenidas por sectores de la oposición que plantean una amenaza seria a la continuidad del servicio público. Durante la tramitación, se registraron propuestas que pretendían limitar la duración de los contratos, tanto en modalidad de honorarios como de contrata, únicamente hasta marzo del presente año. Estas indicaciones, que afortunadamente no prosperaron pero que demuestran una gran falta de sensibilidad hacia la función pública, nos obligan a todos y todas a mantenernos en estado de alerta máxima frente a lo que ocurra en la Cámara Alta.

El debate en el Senado no solo tratará el porcentaje de reajuste, sino que definirá temas estructurales para nuestro sector como la continuidad del incentivo al retiro, la regulación del teletrabajo en condiciones de equidad y las normas de estabilidad laboral. Estos beneficios enfrentan hoy complicaciones severas en su definición debido a visiones que buscan precarizar la labor estatal. Ante este escenario, reivindicamos nuestra representatividad sindical, la cual en muchos casos supera con creces el respaldo ciudadano de varios parlamentarios que hoy deciden sobre nuestras condiciones de vida. Exigimos que se respete la dignidad de la salud pública y que el Parlamento actúe en consecuencia con el servicio que entregamos al país.

Como conclusión para nuestro sector, enfatizamos que la discusión en el Senado será definitiva para asegurar que ningún trabajador o trabajadora vea vulnerados sus derechos adquiridos. Hacemos un llamado urgente a fortalecer nuestra estructura gremial y el sindicalismo de base. La experiencia en la Cámara de Diputados nos ha demostrado que la unidad y la coherencia de los trabajadores son el único camino posible para estabilizar nuestra situación laboral y mejorar la calidad de vida de nuestras familias.

El escenario futuro se prevé complejo, y solo una organización cohesionada y alerta podrá asegurar que la voz de la salud pública sea escuchada y respetada en los espacios de poder. Sigamos movilizados por un reajuste digno y la estabilidad que cada funcionario y funcionaria merece.

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