Este miércoles, la Cámara de Diputados concluyó el trámite legislativo del proyecto de reajuste para el Sector Público, despachando la iniciativa a ley tras ratificar las modificaciones introducidas por el Senado. El texto ahora queda a la espera de la revisión de rigor por parte del Tribunal Constitucional antes de su promulgación definitiva. Acuerdos Económicos

Este miércoles, la Cámara de Diputados concluyó el trámite legislativo del proyecto de reajuste para el Sector Público, despachando la iniciativa a ley tras ratificar las modificaciones introducidas por el Senado. El texto ahora queda a la espera de la revisión de rigor por parte del Tribunal Constitucional antes de su promulgación definitiva.
Acuerdos Económicos y Reajuste Escalonado
La nueva normativa establece un reajuste total de un 3,4% para las y los funcionarios del aparato estatal. Según lo aprobado por el legislativo, este incremento se aplicará de manera gradual en dos etapas. La primera consiste en un 2% con carácter retroactivo vigente desde diciembre de 2025, mientras que el 1,4% adicional comenzará a regir a partir de junio de 2026.
Asimismo, la etapa final en la Cámara Baja ratificó la recuperación del Bono de Término de Conflicto, beneficio que había sido repuesto durante la discusión en la Cámara Alta el pasado martes 20 de enero, junto con otros beneficios económicos y aguinaldos asociados que completan el paquete financiero para los trabajadores.
Teletrabajo y Normas Administrativas
Uno de los puntos clave de la discusión fue la modalidad de trabajo a distancia. El proyecto despachado contempla la postergación del teletrabajo en las instituciones públicas hasta marzo de 2027, otorgando continuidad a esta modalidad operativa mientras se evalúan e implementan marcos regulatorios permanentes para el servicio civil.
Demandas Laborales fuera del texto final
Pese al avance en materia de remuneraciones, el proceso legislativo dejó fuera importantes aspiraciones de las organizaciones sindicales. En materia de relaciones laborales, no prosperaron las normas relativas a la estabilidad en el empleo y la confianza legítima, ya que los artículos que buscaban dar mayor seguridad jurídica a la permanencia de los funcionarios fueron rechazados.
De igual manera, las indicaciones que fortalecían las facultades de las asociaciones de trabajadores y los derechos sindicales no consiguieron los votos necesarios para ser integradas al texto final. Con este despacho, el Gobierno cumple con el hito de actualizar las rentas del sector, aunque el debate sobre la seguridad laboral queda pendiente para futuras instancias de diálogo.
Revisa un reporte desde el Parlamento













Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *.